Carta dirigida al Ing. Cuitláhuac García Jiménez Gobernador del Estado de Veracruz

Ing. Cuitláhuac García Jiménez

Gobernador del Estado de Veracruz

 

Lic. Éric Patrocinio Cisneros Burgos 

Secretario de Gobierno

 

Lic. Verónica Hernández Giadáns

Fiscal General del Estado de Veracruz

 

A la sociedad veracruzana

 

A los Medios de Comunicación

 

 

Las  integrantes  de  la  Sociedad  Civil  en  el  Sistema  Estatal  para  Prevenir, Atender,  Sancionar  y  Eliminar  la  Violencia  contra  las  Mujeres,  así  como representantes de diversas organizaciones y activistas a título individual emitimos el presente:

 

PRONUNCIAMIENTO

 

  • Por  el   incumplimiento   en   la   designación   de   la   Directora   del   Instituto Veracruzano de las Mujeres y la opacidad que ha existido desde hace dos años en el manejo del Instituto
  • Por el encarcelamiento, re-victimización, vulneración al debido proceso y falta de perspectiva de género y a los derechos humanos en que ha incurrido la Fiscalía General del Estado en el caso de la mujer que desde hace un mes está presa en Acayucan por un aborto

 

 

 

Sobre el Instituto Veracruzano de las Mujeres

 

En mayo de 2019, tras la renuncia de la Mtra. Yolanda Olivares, el gobernador Cuitláhuac García, nombró como encargada de despacho del Instituto Veracruzano de las Mujeres a quien entonces fungía como jefa de la unidad de género de la Secretaría de Gobierno, la Mtra. Rocío Villafuerte Martínez. En julio del mismo año los Consejos Consultivo  y  Social  del  IVM  entregaron  la  convocatoria  para  elegir  a  la  nueva directora, que debió ser publicada a la brevedad por la Secretaría de Gobierno. Han pasado dos años y no se ha cumplido con la Ley 613 por lo que seguimos sin directora y sin una estrategia real para atender la violencia de género en Veracruz.

 

Durante  este  período  los  señalamientos  hacia  el  Instituto  han  ido  desde  el

despido injustificado de personal capacitado, la falta de transparencia en los perfiles de quienes ahí laboran, hasta el uso inadecuado de los recursos materiales de la instancia. Sabemos que uno de los principales objetivos del IVM es promover la incorporación de la perspectiva de género en los tres órdenes de gobierno, lo que hasta ahora no se ha logrado como lo evidencian los índices de crímenes violentos contra las mujeres que no muestran una baja en la incidencia. A ello hay que añadir la falta de perspectiva de género en el seguimiento de casos que implican el análisis de

 

las   circunstancias   del   entorno   adverso   al   que   nos   enfrentamos,   como   queda claramente  de  manifiesto  en  la  reciente  aprehensión  de  una  mujer  tras  sufrir  un aborto espontáneo, siendo ella víctima de violencia familiar.

 

Quiénes  representamos  a  la  sociedad  civil  organizada  dentro  del  Sistema

Estatal para Prevenir Atender Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres exigimos nuevamente al Gobernador del Estado y al Secretario de Gobierno, que se cumpla  con la Ley y se respete  el procedimiento  para  nombrar  a la directora  general  con todos  las  atribuciones  que  la  ley  le  faculta  y  exhortamos  a  transparentar  el  uso  de programas como de recursos públicos destinados para esta instancia, así como a dar la prioridad debida para resolver la grave problemática de violencia de  género  que vivimos, ya que hoy más que nunca necesitamos medidas urgentes.

 

Sobre la falta de perspectiva de género en el proceder de la FGE en el caso de la

mujer encarcelada desde hace un mes por aborto.

 

Dada  la  gravedad  de  estos  hechos,  las  aquí  firmantes  representantes  de sociedad civil en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, así como representantes de diversas organizaciones y activistas   a   título   individual   nos   pronunciamos   en   contra   de   las   recientes declaraciones emitidas por la Fiscalía General del Estado a través de sus cuentas oficiales al hacer pública una nota con fecha 28 de junio del presente, en el que sin la mínima ética ni respeto jurídico, se re-victimiza a una mujer radicada en la localidad de Oluta, municipio conurbado con Acayucan  Veracruz, quién tuvo un aborto en un centro comercial, mismo que de acuerdo a las declaraciones de ella misma y de sus familiares, fue producto de la violencia doméstica sufrida.

 

La Fiscalía General del Estado no puede eximirse de la responsabilidad que tiene de tratar los casos de violencia y aborto con apego a derechos humanos, respetando en todo momento la presunción de inocencia de las mujeres, evitando la re-victimización y criminalización en casos relacionados. Es trabajo de la Fiscalía proceder  conforme  a  derecho  realizando  las  investigaciones  correspondientes  con total imparcialidad.

 

La acción de la Fiscalía no solo demuestra la falta de sensibilidad y capacitación en el tratamiento de los casos que ameritan perspectiva de género, sino que significan una grave falta institucional al generar opinión tendenciosa estigmatizando a las mujeres que abortan, haciendo juicios previos, culpabilizándola de los hechos sin que haya concluido la investigación, con un intención misógina violando el debido proceso a sus garantías judiciales y sus derechos humanos fundamentales.

 

Dentro de las recomendaciones realizadas a la entidad veracruzana en razón de

la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado están las que concluyen que el Estado de Veracruz obstaculiza el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, específicamente en materia de acceso a los servicios de la Interrupción Legal del Embarazo, y la insuficiente e inadecuada prestación integral de los servicios de salud sexual y salud reproductiva, así como la aplicación obligatoria de la NOM046 SSA-2005.

 

 

El actuar de la Fiscalía General del Estado da muestra de la grave violación de los derechos  de  las  mujeres, la violación a su presunción de inocencia, la falta al debido proceso ante los casos de aborto, respecto del cual el Estado veracruzano  y los órganos autónomos se niegan a reconocer como el problema público que es y en cambio criminalizan y persiguen a las mujeres que los cometen, mismas que como es el caso de Claudia N, viven en condiciones de pobreza extrema y han sido víctimas recurrentes de otras violencias.

 

El caso del aborto ocurrido en Oluta y que mantiene desde hace un mes presa a una mujer en la cárcel de Acayucan luego de haberle abierto una carpeta de investigación por homicidio doloso, no es el único en Veracruz, ya que en 2017 hubo diez mujeres encarceladas por este hecho, procesadas por cargos como homicidio doloso agravado por parentesco, estrategia legal que observamos se intenta hacer en este caso de 2021.

 

Hasta  el  momento,  la  Fiscalía  General  del  Estado  de  Veracruz  no  ha  dado

declaraciones acerca de su proceder, razón por la que exigimos respeto a los derechos de las mujeres, un trato digno, juzgar con perspectiva de género y dejar de usar el escrutinio público para criminalizar a aquellas que abortan.

 

Mientras  que  en  otras  entidades  más  progresistas  hoy  se  celebra  el  avance

legislativo de haber aprobado el aborto hasta las 12 semanas, en Veracruz una mujer está encarcelada desde hace un mes por abortar y permanecerá ahí hasta diciembre, cuando vence el término establecido por las autoridades.

 

Ambos hechos sobre los cuales emitimos el presente pronunciamiento tienen

un mismo origen: la desatención y la falta de priorización que las autoridades veracruzanas han evidenciado en su gestión con respecto a los temas relacionados con la agenda de las mujeres, ante lo que nosotras elevamos nuestra voz en protesta y conminamos a que se actúe con apego al compromiso expresado por el Gobernador del Estado cuando el 25 de enero de 2018 hizo público el programa Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres, comprometiéndose a que fuera el eje rector de su gobierno, lo que no ha sucedido hasta ahora.

 

Firmantes

 

Myriam  Lagunes  –  Integrante  del  Sistema  Estatal  para  Prevenir,  Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

 

Lorena  Redondo  –  Integrante  del  Sistema  Estatal  para  Prevenir,  Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

 

Katya Gabriela Esteva Cruz – Regedhem A.C. e integrante del Sistema Estatal

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

 

Marea Verde Altas Montañas.

 

 

Colectivo feminista Chihuatlahtolli A.C.

 

Luz María Reyes Huerta.

 

Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento A.C.

 

Ana María Fonseca Cortés.

 

Haydée Aurora Magallanes Montalvo, MAMVBER.

 

Mónica Mendoza Madrigal, MAMVBER.

 

Haydée Aurora Magallanes Montalvo.

 

Ana María Fonseca Cortés.

 

Mónica Mendoza Madrigal, MAMVBER.

 

Cristina Pérez Carmona.

 

Deisy Iris Jácome Sánchez.

 

Surinam Arandia Azuara Angeles, Presidenta de Piensa, Actúa y Sorprende A.C.

 

Rosa  María  Cabrera  Lotfe,  Responsable  de  la  Comisión  de  Violencia  de Género de la Organización Nacional de Mujeres y, asesora en la Secretaría de Igualdad de Géneros del PRD, feminista, ex Diputada Federal y, defensora de Derechos Humanos.

 

Azucena Rodríguez, Diputada Federal PRD.

 

Teresa de Jesús Vázquez de los Santos. Activista

 

Martha Martínez Marín.

 

Metzeri Ávila San Martín.

 

Marea Verde Totonacapan.

 

Católicas por el Derecho a Decidir.

 

María Sabina Martínez Pinto, Activista.

 

Ana  Irene  Muro  Lagunes  Movimiento  Amplio  de  Mujeres  de  Veracruz  y

Boca del Río.

 

Belem Palmeros Exsome, MAMVBER.

 

Cristina Pérez Carmona, MAMVBER.

 

Magaly Emilia Corona García, MAMVBER.

Jazz Bustamante Hernández, Colectivo Soy Humano A.C.

 

Enma Obrador Garrido Domínguez, AMAM A.C

 

Reyna Martha Gil Rojas, Empoderando Mujeres A.C.

 

Ana Laura Ramírez Huitrón, Red de Trabajadoras de la Educación.

 

Erika Salinas Valadez, Coalición Nacional de Mujeres Rurales, A. C.

 

Anna Carina Chumacero, Huitzitzilin Organización Latinoamericana por la defensa y acceso DDHH para el desarrollo integral de la niñez, la adolescencia y de las mujeres A. C.

 

RED-TIC Por Los Derechos De Las Mujeres.

 

Mujeres Indígenas Popolucas Triqui de Texistepec, Veracruz.

 

Carolina Ramírez Suárez, Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio en México.

 

Maria Guadalupe López Vélez, AMAM A.C.

 

 Xalapa, Veracruz a 01 de Julio del 2021

 

Acerca de Hugo Cruz Ojeda

Periodista mexicano director general de la revista "Rotativover" y del sitio www.rotativover.mx en Xalapa, Ver. Rotativo / Su revista independiente surge en Xalapa, Ver., como medio de comunicación independiente para el estado de Veracruz.

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